Caso Carapita - Caracas
Imagen de: El Nacional. El hallazgo ha generado una ola de indignación en el sector de Carapita, parroquia Antímano.
El Ministerio Público ha anunciado la apertura de una investigación formal tras el perturbador hallazgo de varios animales sin vida y con signos de mutilación en el sector de Carapita, en el oeste de Caracas. Los hechos, calificados por defensores de los derechos animales como actos de "crueldad extrema", han conmocionado a los residentes locales.
El caso salió a la luz pública gracias a la rápida acción de los vecinos, quienes documentaron la escena y difundieron las imágenes a través de diversas redes sociales. La presión digital se convirtió en el catalizador necesario para que las autoridades competentes se apersonaran en el lugar e iniciaran las diligencias correspondientes.
Detalles de la investigación
Según los primeros informes técnicos, los restos de los animales —en su mayoría felinos y caninos de la zona— presentaban heridas punzantes y cortes quirúrgicos que sugieren una intención deliberada de tortura. Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) trabajan en la recolección de evidencia biológica y el análisis de cámaras de seguridad cercanas.
El Fiscal General ha comisionado a la Fiscalía 89 Nacional con competencia en Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental para liderar el proceso. El objetivo principal es identificar y capturar a los responsables de estos actos, los cuales se encuentran tipificados y sancionados bajo el marco legal venezolano vigente.
Reacción comunitaria y legal
Organizaciones no gubernamentales y proteccionistas han convocado a una vigilia pacífica en las cercanías del sector para exigir justicia. El Código Penal venezolano y la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio contemplan sanciones penales y administrativas para quienes incurran en daños graves contra los animales.
Las autoridades han exhortado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el maltrato animal, recordando que la prevención de estos delitos es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.
